En Socorro, Santander trasladaron a toda la población del municipio para que fuera atendida por una EPS privada en un acto violatorio de sus derechos
A los problemas y frecuentes quejas por falta de atención y deficiencia en los servicios de la inmensa mayoría de las EPS del país, se suma ahora la denuncia contra Cafesalud que tomó la decisión en varias partes del país de contratar los medicamentos con entidades diferentes a los prestadores de la red pública hospitalaria en donde opera.
Tal es el caso del Tolima, Santander y Valle del Cauca, al igual que en otras zonas del territorio nacional, en donde esta EPS ordenó a sus regionales contratar el suministro de medicinas a particulares y no en las Empresas Sociales del Estado en donde opera, violando la ley que les ordena a estas entidades a contratar el 60% de los servicios con la red pública hospitalaria.
A lo anterior se suma lo ocurrido en el hospital Manuela Beltrán del municipio de Socorro, Santander en donde a partir del mes de julio trasladaron toda la población para que fuera atendida por una IPS privada, sin tener en cuenta los servicios habilitados que hasta la fecha venía prestando la ESE, situación que nuevamente viola lo estipulado desde el 2007 en la Ley 1122.
La Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos y Empresas Sociales del Estado – ACESI- manifestó su enorme preocupación por éste tipo de comportamientos que atentan contra los usuarios y van en contra de la estabilidad financiera de las Empresas Sociales del Estado. “Es inaudito lo que sucede en Colombia, estamos llenos de normas que las EPS se pasan por la faja. Instamos a los organismos de control, en especial a la Superintendencia de Salud a que tome cartas en el asunto”, puntualizó la líder gremial.
Vale la pena recordar que Cafesalud hace parte del Grupo Saludcoop, entidad que si bien no se encuentra en intervención para nadie es un secreto que su manejo depende de Saludcoop. A lo anterior se suma que tiene serios problemas en sus indicadores de permanencia con incumplimiento en márgenes de solvencia y patrimonio mínimo y deudas millonarias con las IPS públicas y privadas.
