Colombianos sabrán quién es quién en el Congreso
Arrancó la legislatura 2013-2014 y dentro de su agenda, la Reforma Ordinaria de la Salud está en el primer punto de las prioridades del gobierno y del Congreso de la República.
Es un año prácticamente electoral, toda vez que en marzo y mayo del 2014 se elegirán nuevos representantes en el Senado y la Cámara, al igual que se confirmarán aquellos legisladores que lo hayan hecho bien. Seguidamente, las urnas decidirán si quieren reelegir al Presidente Juan Manuel Santos, si éste se presenta como candidato, si se cumplen las predicciones o por el contrario, optan por un nuevo Jefe de Estado.
La alusión al alto contenido político de las decisiones, que para el caso de la reforma ordinaria a la salud, hace prever un interesante debate, toda vez que en los próximos meses más que nunca, el país podrá evidenciar quién es quién a la hora de favorecer los intereses generales sobre los personales o particulares.
En ese orden de ideas, el llamado es a estar muy atentos a las posiciones que ejerza el ejecutivo y en especial Senadores y Representantes, los que finalmente a través del voto en las comisiones Séptimas y en las plenarias, decidirán el futuro del modelo de la salud para 45 millones de colombianos.
Pocas iniciativas como la reforma a la salud toca al 100% de los ciudadanos, sin distingo de credo, raza o condición económica y social. Todos en algún momento estamos expuestos a una enfermedad o a la atención médica bien sea en los regímenes subsidiado o contributivo. Por eso, las decisiones de la clase política serán concluyentes y determinantes en cuanto al modelo de salud para las próximas décadas.
Tras la aprobación de la Ley Estatutaria de la Salud en la legislatura anterior que dejó más preocupaciones que seguridades, arranca la discusión a la Reforma Ordinaria. Ojalá se aclaren, se corrijan y se supere la incertidumbre que los colombianos tienen con un servicio fundamental.
Nos siguen preocupante los siguientes puntos:
* Se desmonta la meritocracia en la designación de gerentes de las ESE y se pretende devolver al libre nombramiento y remoción. Se propone, por parte de la agremiación, en contraste, que si no es viable el fortalecimiento de la meritocracia en el país, tema que ha sido incluso sugerido por organizaciones como transparencia internacional para lograr disminuir la corrupción en Colombia.
No obstante, si no es viable el fortalecimiento de la meritocracia, se propone que los representantes legales de los hospitales públicos sean nombrados del mismo modo que hoy en día se nombran los funcionario de control interno de las Empresas Sociales del Estado, definido en la Ley 1474 de 2011, en el que los nombramientos son de potestad del alcalde o el gobernador, pero de período fijo, ojalá de cuatro años, con la evaluación que viene realizándose para separación del cargo en caso de no tener una adecuada gestión. Esto sería fundamental para la viabilidad de las ESE debido a que gerentes que dependan del vaivén político representa un retroceso y lo más grave, una vulnerabilidad muy alta para los procesos de las instituciones públicas con la alta rotación de personal que ello generaría.
* Se evidencia que el modelo propuesto por el gobierno impide la estabilidad no solamente laboral sino técnica de los profesionales de la salud. Tiempo atrás se presentó al Ministerio una propuesta sobre la contratación del personal en las ESE, con el fin de brindar seguridad en la calidad del servicio y de los cargos de profesionales de la salud. Como quedó redactada la ponencia aprobada da la sensación de generar bastante inestabilidad en el nombramiento del personal, lo que nuevamente pone en riesgo a las ESE en sus procesos.
* Otro punto que fue modificado pero que debe aclararse de manera categórica es el referente a las redes, las cuales deben ser conformadas por los entes territoriales. Lo que se aprobó es que no fueran conformadas por las gestoras y se modificó que fueran coordinadas por ellas, lo que se convierte en una línea muy delgada que se presta a confusiones.
* Es importante resaltar que no se modifica el actual modelo de contratación de las EPS, situación que ha generado grandes costos de transacción en el sistema y barreras de acceso al usuario. En contraste, se sugiere para garantizar la implementación real de la estrategia de APS que se elimine la compra y venta de servicios en la baja complejidad y salud pública, con indicadores de gestión del riesgo como principal insumo y garantía de los costos de operación.
* Fue derrotada la propuesta que sólo podrían transformarse las EPS que al momento de la Ley cumplieran y no tuvieran sanciones. Es necesario revisar este tema porque si no simplemente el país será un espectador mudo del cambio de nombre de EPS por gestoras.
* Es necesario enfatizar que las EPS no deben recibir recursos por excedentes del ejercicio para evitar las barreras de acceso que hoy existen.
* Se aprobó la Ley estatutaria sin conocer claramente cuáles serán las exclusiones de MiPlan. Este punto es fundamental para definir varios de los postulados de la reforma, incluyendo el riesgo en la prestación de los servicios que serán abordados en la reforma ordinaria.
* La integración vertical debe prohibirse para todas las gestoras, incluidas las cajas de compensación familiar, toda vez que si se revisa el ranking de éstas en el régimen subsidiado, su labor no ha sido nada diferente a las demás EPS, por tanto es una amenaza para la libre escogencia del usuario y la calidad en la prestación de servicio.
