Saneamiento fiscal y financiero de las ESE, un golpe de gracia
Muchas veces cuando se opina contario a los lineamientos y postulados oficiales y gubernamentales se le tilda a esa persona u organización de izquierda, comunista o de oposición, pero si objetivamente una medida del ejecutivo va en contra de toda lógica y coherencia, sencillamente no hay ninguna otra alternativa que criticarla y hacer sentir la voz de protesta, así se obtenga como resultado el mote o remoquete, que a bien tenga el establecimiento de endilgar.
No se trata de reprochar por reprochar, sino de hacer ver los errores en los que se está incurriendo. Para la muestra un botón.
El Decreto 1141 del 31 de mayo de 2013 es el claro ejemplo en el que uno se pregunta.. “En qué estaba pensando el autor de esta medida, que a todas luces lo que pretende es darle un entierro de tercera a los hospitales públicos en Colombia”.
Reiteramos, no se trata de orillas políticas ni posiciones anti-gubernamentales, es simple sentido común.
Cuando uno lee la primera vez el decreto, casi que no lo cree, por eso hay que releerlo para terminar de sorprenderse.
Si bien el gobierno nacional tiene la loable intención de ordenar y de fijar una línea para estabilizar fiscal y financieramente las Empresas Sociales del Estado, lo asombroso es el mecanismo y las herramientas que utiliza, colocando en riesgo de liquidación a la red pública por un problema se flujo de recursos que en muchos casos, es un tema que se sale de las manos a la gestión gerencial, es más podríamos decir que el problema de flujo de recursos se le salió de las manos hace mucho tiempo al gobierno nacional.
Por ninguna parte hace alusión, mención directa o indirecta a la real causa de la iliquidez del sistema que es la falta de pago de las empresas promotoras de salud a los prestadores.
Es increíble que por ningún lado aparezca de dónde van a salir los 2,2 billones de pesos que le deben las EPS a la red pública de la nación.
Están dejando una gran responsabilidad a los alcaldes y gobernadores, generándoles una gran carga al tener que incorporar en sus presupuestos los recursos necesarios para los planes de saneamiento fiscal y financiero sin tenerse en cuenta que muchos de los municipios se encuentran de igual manera en dificultades financiero, abriendo de ésta forma la puerta para liquidaciones en las Empresas Sociales del Estado, porque para éste tipo de medidas el gobierno nacional, si cuenta con recursos apropiados.
Liquidación porque sí o porque no
La decisión sin duda de entrada condena a buena parte de los prestadores públicos, los cuales así tengan toda la intención, el juicio, la disciplina y disposición de hacer las cosas perfectas, será imposible poder cumplir. Sencillo. El modelo actual lo impide.
Y no se trata de ser tremendistas o pesimistas entrada, sólo hay que ser crudos y realistas. Basta con leer el artículo 8 del Decreto. “…En caso de que la Empresa Social del Estado no suscriba el acuerdo de reestructuración de pasivos o lo incumpla, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 550 de 1999, procederá el trámite de liquidación de aquella. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará al Gobernador o Alcalde respectivo, y/o a la Superintendencia Nacional de Salud para que adelanten el correspondiente trámite de acuerdo con las normas vigentes…”
Caben varias preguntas al Ministro de Salud y Protección Social y al Ministro de Hacienda, quienes firmaron la cuestionada decisión.
¿Por qué no existen medidas coercitivas, restrictivas y claras en cuanto a la conciliación inmediata de la cartera y el pronto pago de las EPS a los prestadores, previa metamorfosis a gestores?
¿Es justo que se tenga que echar mano de medidas de emergencia como los propios recursos de los hospitales públicos y recursos del Fondo de Garantías para el Sector Salud y otros más, en un claro esfuerzo del Estado local y departamental, mientras las EPS pueden darse el lujo de dilatar el pago de sus compromisos?
¿Se ha contemplado el impacto social de morbilidad y mortalidad en caso que un hospital o varios de una misma región, deban liquidarse por no poder cumplir con el Decreto 1141 de 2013?
¿Una vez aprobada la Ley Ordinaria de Reforma a la Salud, suponiendo que cumpla con las expectativas de los colombianos, qué va a pasar con los hospitales públicos, durante los tres años de transición, contemplados en la ley?
Es necesario reflexionar a fondo y ser honestos frente a lo que se pretende con la red pública que es a la que acuden la inmensa mayoría de los ciudadanos pobres en todas las regiones del país. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
VER DECRETO 1141 DEL 31 DE MAYO DE 2013
