Por ningún lado aparecen cambios estructurales y la crisis del sector cada día se hace insostenible para los hospitales públicos del país
A pocos días de haber comenzado la recta definitiva del debate a la Reforma Ordinaria a la Salud en la plenaria del Senado de la República, que entre otras cosas fue suspendido, muchas voces destempladas se han escuchado. Se espera que el próximo martes la subcomisión nombrada por el pleno conceptúe que es mucho mejor esperar el concepto de la Corte Constitucional sobre la recientemente aprobada Ley Estatutaria.
Sin embargo, al analizar en detalle, la iniciativa que hace su curso en el Congreso, directivos de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos – ACESI, llegaron a la conclusión de que no se trata de asumir una posición intransigente, testaruda o simplemente crítica. Las inconsistencias son tan evidentes, que de ser aprobado, tal como va el proyecto de ley, los cambios no serán ni de cerca estructurales, que es lo que realmente demandan los millones de usuarios de la salud en Colombia. Al contrario, si el gobierno insiste en darle viabilidad al texto actual no se necesita ser un experto para vaticinar la debacle total del sector.
La directora ejecutiva del gremio a nivel nacional Olga Lucía Zuluaga Rodríguez se mostró muy preocupada, porque como van las cosas, los colombianos van a comenzar a ser testigos del cierre progresivo y acelerado de alrededor de 540 hospitales a lo largo y ancho de la nación. Sin contar otros yerros que arrastra la Ley estatutaria, recientemente aprobada por el legislativo.
“Lamentamos el desgaste que se ha tenido por todos los actores en audiencias, foros y discusiones para que lo presentado por el ejecutivo no incluya lo expuesto por la sociedad civil. Es ilógico también que el trabajo de Congresistas con las Leyes 1122/07, 1438/11 y 1608/13 se vea perdido por la ausencia de reglamentación del gobierno nacional (sólo el 56% está reglamentado) en temas como: Atención Primaria en Salud, saneamiento de cartera, descentralización Supersalud, entre otros que podrían menguar la crisis actual del sector.
“En cuanto a las discusiones que apenas comenzaron el pasado jueves evidenciamos una serie de errores graves, que es necesario que se corrijan en el transcurso de las discusiones en el Congreso”, sostuvo.
ACESI advirtió sobre el peligro de legalizar la extracción de rentas de recursos públicos de la salud a través de los nuevos modelos de contratación de los servicios, que se denominan “gestoras”, con dineros provenientes de fuentes fiscales y parafiscales de destinación específica.
De la misma forma, la iniciativa del gobierno perpetúa la división entre la salud pública (colectiva e individual) y la prestación de la asistencia.
La médica, directora ejecutiva de ACESI, una experta en el tema, alertó sobre el abandono al fortalecimiento de la Salud Pública y de la estrategia de Atención Primaria en salud.
“Se están desconociendo a los entes territoriales, minando la posibilidad rectora de éstos, incluso concentrando los recursos para aplicar en salud. Lo cual es un absoluto retroceso al concepto modernista de descentralización. Así mismo, si se aprueba el proyecto tal como está redactado, se aumentará la fragmentación en la prestación de servicios al crear redes de prestadores “primarios” y “complementarios”, redes de áreas de gestión y redes de gestores creando barreras de acceso y mayor tramito-manía”, enfatizó.
Olga Lucía Zuluaga Rodríguez aseguró que la propuesta que analiza el Senado adolece de un modelo de atención que garantice el cuidado integral a la salud de la población; induce a la lentitud en el flujo de recursos al plantear prescripción de facturas al año y rendimientos financieros como parte de ingresos de las gestoras; crea un fondo para re-potenciar “EPS”, las mismas que saquearon al Estado y las convierte en gestoras, y mantiene la “competencia” ente actores desconociendo la cooperación, la solidaridad y la complementariedad acabando con los artículos 60 al 64 de la ley 1438.
“Otro de los grandes errores en los que se incurre en el texto de la potencial reforma ordinaria, es que no se avanza en la puesta en marcha de una política de talento humano. Acaba con la meritocracia y la estabilidad laboral en los Hospitales Públicos y se los entrega a la politiquería. Disminuye a la mínima expresión lo poco que queda de “subsidio a la oferta” a las Empresas Sociales del Estado, acabando con los aportes patronales, y perpetúa el negocio sobre la garantía del derecho, ratificó.
En forma categórica dijo que si el proyecto no genera un real cambio en el modelo actual de la salud en el país, es mejor dejar que se hunda.
