Empresas Promotoras de salud no tienen ningún ánimo de cumplir con los prestadores. La inmensa mayoría de los gerentes de estas entidades no asistieron a la audiencia o no generaron compromisos claros de pagos y lo que es aún peor, EPS como CAPRECOM no enviaron la información
Como una falta de seriedad con los gerentes de las instituciones prestadoras y con el Estado, en el que se incluye el gobierno nacional y el ministerio público, por parte de los representantes legales de las empresas promotoras de salud, fue calificada la jornada de conciliación que se programó por la Procuraduría entre el 26 y 29 de mayo en la sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá. Transcurridos dos días de la jornada a donde se habían dado cita los prestadores de los servicios de salud y las EPS de todo el país para poner las cuentas claras sobre la mesa y concertar claros compromisos de pago.
Así lo denunció la Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, quien informó que mientras la inmensa mayoría, por no decir todos, los gerentes de las entidades prestadoras de servicios de salud a los que se les adeudan multimillonarias cifras por servicios suministrados a miles de colombianos, sí se hicieron presentes, la gran mayoría de los gerentes o representantes de las EPS del país no asistieron o no generaron compromisos de pago concretos con la red de prestadores.
“Lo que es aún más grave es que EPS como Caprecom y Cafesalud, dos de las grandes deudoras ni siquiera enviaron su versión de las cuentas que tienen con el sistema, lo que dilata aún más la solución de un problema que tiene al borde del colapso total a cerca de cientos de IPS, en especial a buena parte de los hospitales a cargo del Estado, entidades que están atadas de pies y manos para nadar en aguas turbulentas”, sostuvo.
Entre el 5 y el 9 de mayo pasado las EPS y los prestadores tenían plazo de enviar las cuentas a los entes territoriales de salud y a la Procuraduría. Según la versión oficial, las deudas del sistema llegan a 4,2 billones de pesos, de los cuales 2,2 billones son del régimen subsidiado. La situación se empeora cuando se analizan las cifras, toda vez que del total reportado, cuentas por 2,2 billones en el cruce que realizó el Ministerio y la Procuraduría, no coinciden entre acreedores y deudores, lo que hace prever muchos más problemas a la hora de recibir los pagos efectivos, explicó la líder gremial.
Con el fracaso de esta conciliación, no sólo se pierde el inmenso trabajo de funcionarios del Ministerio en el intento de tener claras las deudas de una y otra parte, sino la confianza por parte de los prestadores ante los organismos de control a quienes las EPS les incumplen reiterativamente y no se evidencian sanciones concretas. Dilatar el proceso obliga a acudir al área jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud, proceso que no ha sido eficiente de tiempo atrás y en donde el incumplimiento y las actas de no acuerdo son el común denominador.
“Con este desplante, las EPS le demuestran al país que no están jugando limpio, que no quieren pagar sus verdaderas deudas y que no son de confianza, al pretender cambiar su ropaje y querer convertirse en gestoras, dentro del nuevo modelo del sistema propuesto por el gobierno y que hace tránsito en el Congreso de la República”, puntualizó.
