Empresas Sociales del Estado como el Hospital San Juan de Urabá, Antioquia, serían liquidados
Continuando con la estrategia de preferir liquidar los hospitales públicos del
departamento, en vez ayudarlos a salir de una crisis que ha sido generada básicamente
por el flujo de recursos dentro del sistema de seguridad social y la falta de pago oportuno,
por los aseguradores, de los servicios prestados; la Gobernación de Antioquia planea
instaurar de manera inconsulta con los municipios, un plan que incluye la liquidación de
varios Hospitales Públicos, la fusión de otros, y la supuesta reorganización en unas mal
llamadas redes de servicios que no se soportan en el más mínimo análisis técnico del
tema.
La Mesa Antioquia, velando por la garantía del derecho fundamental a la salud, rechaza la
liquidación de los hospitales públicos, al considerar que la grave crisis que enfrentan estos
en el país, y de la región en particular, tiene sus principales causas en las fallas
estructurales del sistema de salud, una cartera de las entidades responsables del pago
que ha desbordado todas las previsiones, y un mal diseño general del modelo, situación
que no puede ser enfrentada desde las autoridades departamentales con salidas facilistas
e irresponsables, que no atacan el problema de fondo, que van en detrimento del
patrimonio público y perjudican fundamentalmente a la población, la cual será
nuevamente sometida a vaivenes de tipo administrativo que privilegian las rentabilidades
financieras por sobre el derecho a la salud.
La estrategia planeada por la gobernación incluye varias acciones:
1, Entregar algunos hospitales, que son propiedad de las comunidades, a operadores
privados; por ejemplo en el Magdalena Medio a la organización CIMA, en el Urabá
antioqueño a la IPS Universitaria;
2, Entregar los hospitales de primer nivel de varios municipios, que son sus dueños
legales, a otros hospitales de segundo nivel, cuyo dueño es, en algunos casos el
departamento, u otro municipio diferente y alejado de la realidad local como es el caso en
el oriente antioqueño donde se encargaría al Hospital de Rionegro la administración de otras ESE´S de la región que quedarían así limitadas en su capacidad de operación; para
el suroeste se propone la eliminación de la prestación de servicios de salud
especializados de segundo nivel de Ciudad Bolívar y asignar dicha responsabilidad al
Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Caldas, medida completamente lesiva para
los ciudadanos que tendrán que desplazarse distancias enormes para buscar la atención
especializada que solucione sus problemas de salud.
Otros Hospitales que se pretenden liquidar son: Alejandría, Armenia, Caracolí, Carolina,
Concepción, Giraldo, Hispania, Olaya, San José De La Montaña, San Juan De Urabá,
San Pedro De Urabá, Carepa, Abejorral, Toledo, Puerto Triunfo, Yolombó. Entre otros.
Este tipo de medidas va en contravía de derechos constitucionales como la participación
ciudadana en la toma de las decisiones que los afectan de manera grave, pero además,
anti técnicas, que no resisten estudios serios de viabilidad, sostenibilidad y rentabilidad
social, no atacan las causas reales y no proponen un modelo de atención que contribuya
al cuidado integral de las poblaciones, ni a la garantía del derecho fundamental a la salud
y mucho menos a los parámetros que se deben tener en cuenta al momento de organizar
redes integradas de servicios de salud. Por el contrario, bajo una clara mentalidad
privatizadora se opta por salidas que privilegian el factor económico del problema por
sobre las necesidades de salud de las poblaciones. Se preguntan los integrantes de la
Mesa Antioquia, ¿Qué ha hecho la Secretaria de Salud de Antioquia, por recuperar la
deuda que tienen las EPS con los hospitales que quiere desaparecer?
Resulta aun más preocupante que el Ministerio de Salud y Protección Social al conocer el
plan de la gobernación de Antioquia, y a pesar de manifestar en un documento serias
objeciones al mismo, termine avalando su implementación, con lo cual se ratifica la
existencia de un juego doble donde lo que prima es quitar el tema de la salud de la
responsabilidad del estado a la vez que se le entrega a los inversionistas privados nuevas
fuentes de negocios, mientras ante la comunidad se muestra una cara diferente de la
situación.
La Mesa Antioquia hace un llamado a toda la sociedad para reflexionar y actuar de
acuerdo a la defensa del derecho a la salud, y a la administración departamental para que
recapacite sobre la conveniencia de continuar actuando de manera contraria a los
derechos y necesidades en salud de la población. No es atacando a los hospitales públicos como se logra un mejor bienestar de los ciudadanos, es fortaleciendo la
presencia del estado con instituciones sanitarias modernas, y acordes con los desarrollos
y necesidades de las comunidades, como se puede aportar para que Antioquia también
llegue a ser la más saludable.
Mesa Antioquia por la transformación del sistema de salud
Abril de 2014
