El Hospital san Jorge de Pereira ya fue notificado de una multa por $1.900 millones por no tener «laborizados» a sus colaboradores. Varias ESE del país corren la misma suerte.
- Es increíble que dos despachos de primer nivel del estado no se hablen entre sí. La mitad de los hospitales públicos se encuentran en riesgo fiscal y financiero por tanto, no tienen recursos para operar y menos para pagar multas por no contratar directamente a sus funcionarios: ACESI
La crisis de la salud en Colombia ha llegado a niveles increíbles. Y no es exageración. Mientras el Congreso recién reacciona al sacudón del relevo de gran parte de sus dignatarios, y decide si la reforma a la salud va o no en la presente legislatura, el gobierno nacional literalmente no sabe qué hacer con el sistema de salud pública.
Por un lado, el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda a través de los planes de saneamiento fiscal y los convenios de desempeño, exigen a los prestadores de servicios de salud a cargo del estado: no modificación de plantas de personal, prudencia en el manejo de los recursos, estudios técnicos sobre plantas de cargas y el soporte financiero para los mismos, ahorro, en todo el sentido de la palabra, pero por otro lado, el Ministerio de Trabajo comenzó a sancionar a varios hospitales públicos con multas que llegan en algunos de ellos a los 1.900 millones de pesos, argumentando que no tienen “laborizada” su nómina, es decir, que cuentan con otros tipos de contratación de su personal, distintos al directo; a pesar que este tipo de contratación fueron incluso sugeridas por las dos carteras en meses anteriores.
La Presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, se mostró anonadada por semejante hecho que prueba la catástrofe de la salud en el país. “Yo pensé que ya lo había visto todo en el tema de la crisis, pero esto si es el colmo, toda vez que lo más grave del hecho es que existen circulares conjuntas de los dos ministerios, firmadas por los jefes de ambas carteras, en las que definen un régimen de contratación, mientras se decide el futuro de la reforma”, sostuvo.
La Presidenta de ACESI agregó que, para completar el desolador panorama, se expiden decisiones administrativas de multas, en medio de la ley de garantías, que se supone prohíbe la ampliación de las plantas de personal oficiales. “Le consultamos al Servicio Civil y la respuesta fue tajante: en medio de la temporada electoral es indebido adelantar cambios de personal que afecten transversalmente las finanzas de los hospitales estatales. En el extremo de tener que hacerse una masiva laboralización, solamente podrá ser posible después de la ley de garantías”, explicó.
Olga Lucía Zuluaga pide al Presidente de la República, mediar entre los dos ministros (Salud y Trabajo) para que se sienten a establecer cómo generar el proceso de laboralización en los hospitales teniendo en cuenta la situación actual del sector y las características especiales del mismo, de igual manera solicita que de llegar a la decisión de tener que contratar al personal directamente, se debe definir en primera instancia la asignación de los recursos para garantizar la estabilidad laboral de estos profesionales.
Finalmente, recuerda que no se puede desconocer que la tercerización que hoy en día enfrenta el sector salud es producto de decisiones y directrices generadas desde el Ministerio de Salud y Protección Social en años anteriores hacia la red pública hospitalaria, por tanto, es un deber del Estado ser coherente con sus decisiones a través del tiempo.
