En salud, gobierno dice una cosa y hace otra: Plan de Desarrollo que cursa en el Congreso

  • Gremio de los hospitales públicos exige claridad

 

Después de leer en detalle el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque que hace su tránsito en el Congreso, especialmente lo referente al capítulo de salud, la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, se mostró seriamente preocupada, al evidenciar la realidad de lo consignado en el texto del proyecto que está en manos de los legisladores.

“Veíamos con moderado optimismo los anuncios del gobierno en cabeza del Ministerio de Salud, cuyos delegados en innumerables oportunidades aseguraron en sus alocuciones, discursos y reuniones la reivindicación de la red pública hospitalaria de Colombia, en el naciente gobierno, pero como dice el adagio popular: del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hoy vemos lo contrario”, indicaron voceros de la junta del gremio.

Explicaron que después de leer el informe para ponencia del PND,  quedan muchas preocupaciones,  la gran mayoría que afectan directamente a los hospitales públicos de Colombia.

Los gerentes de los hospitales públicos sostuvieron que de entrada el texto que estudian los legisladores incrementa la posibilidad de liquidar la red hospitalaria a cargo del estado, “pues se deja sólo en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público todo lo relacionado con categorización de riesgo fiscal y financiero y los consecuentes planes de salvamento fiscal y financiero,  que de incumplirse,  las empresas sociales del estado pasarían a ser sometidos a ley 550 bajo la tutela de la Supersalud,  con el agravante que en lo que destina a Sistema General de Participación (SGP) se plantea financiar la infraestructura pública operada por terceros,  es decir,  se motiva a liquidar hospitales públicos y entregárselos a terceros”, aseguraron.

Eso desconcierta, pues desde un comienzo los altos funcionarios del gobierno Duque del sector salud hablaron de defensa de la red pública, pero en la realidad, lo escrito en el plan de desarrollo, es absolutamente opuesto, indicaron.

Los representantes de ACESI relataron que se disminuye en el 80% el SGP Oferta, lo que obviamente desfinanciará la atención de «vinculados» o Población Pobre No Afiliada «PPNA» y la red pública hospitalaria. En consecuencia, la pregunta es ¿Qué pasará con los recursos patronales, con los que se financian la seguridad social de los trabajadores vinculados a la red pública hospitalaria?

Agregaron que si bien el denominado Giro Directo, se planteaba inicialmente como obligatorio en ambos regímenes, en cambio, en la ponencia queda opcional,  argumentando que la ADRES «podrá» hacer el giro directo. “Esto es muy lesivo para la red hospitalaria pública y privada,  pues hoy el giro directo es obligatorio para el régimen subsidiado (es lo poco que ingresa regularmente a los prestadores) y en régimen contributivo también es obligatorio para EPS que están en vigilancia especial, donde se debe girar directamente mínimo el 80% de la UPC. De aprobarse este cambio, Hospitales Públicos profundizaran su crisis”, indicaron.

Otras angustias

Igualmente hicieron referencia a la reducción sustancial al subsidio de oferta. “No podemos olvidar que el sector tiene una gran deuda con las zonas alejadas y dispersas en temas de salud pública y que hoy en día están emergiendo varias enfermedades transmisibles por la baja gestión de trabajo a nivel de intervenciones colectivas, situación que debe ser mejorada por las entidades territoriales con la oportunidad en la contratación, pero igualmente, con recursos suficientes para las actividades que deben ser realizadas en coherencia con el fortalecimiento de un modelo centrado en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad”, dijeron.

Con respecto a la propuesta de saneamiento financiero de las ESE, aclararon que si bien es importante, se mostraron preocupados, porque el acuerdo de punto final, no incluye el saneamiento de recursos entre EPS e IPS por concepto de cartera correspondiente a los servicios prestados con cargo a la UPC o incluidos en el plan de beneficios que es el grueso de la cartera y se limita a lo no incluido en la UPC.

“Nos inquieta que el acuerdo de punto final no soluciona el grave problema que persiste de la cartera actual, entre las EPS y los prestadores y no logremos cuentas claras en el sector”, señalaron.

A pesar de la solicitud por parte del gremio de incluir un artículo que permita aplazar la acreditación de los hospitales universitarios, esto no ha sido viable. Este tema  es otra de las grandes inquietudes que asaltan a los directivos del gremio. “No es posible que la gran mayoría de esas empresas sociales del estado aún no estén acreditadas, cuando el plazo se vence el 1 enero de 2020. Podrían perder su calidad de –universitarios-. Esa situación les quitaría  los recursos de la estampilla Pro-hospital, de paso se crearía una crisis para los diferentes convenios docencia-servicio entre las universidades y los mismos hospitales. Una verdadera crisis en varias regiones del país para las ESE y la Universidades que no contarían con suficientes sitios de práctica para sus estudiantes”, apuntaron los voceros de ACESI.

Finalmente, la formalización de las plantas de personal de los hospitales públicos, se convierte en un problema cuando no se tiene cómo pagarle a esos nuevos funcionarios. “Si bien defendemos formalizar las plantas de personal, esa una decisión que debe ser respaldada con las posibilidades de recursos suficientes para cumplirle a los profesionales de la salud”, advirtieron.

 

En salud, gobierno dice una cosa y hace otra: Plan de Desarrollo que cursa en el Congreso