- De ser aprobado, las EPS pasarían a convertirse en aseguradoras comerciales
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Un peligroso proyecto de ley cursa en las comisiones séptimas conjuntas de Cámara y Senado, al tener mensaje de urgencia del presidente de la República, el cual, tiene un sin número de yerros, no solamente jurídicos, sino de gran impacto para todos los colombianos.
El primero y tal vez, el más grave, pasaría a la salud de ser un derecho fundamental, protegido por la Constitución Nacional, tal como la definió la Ley estatutaria a un derecho prestacional, como fue definido en la Ley 100, primer error jurídico e inconstitucional y es por eso que la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y hospitales Públicos, ACESI, expidió un pronunciamiento al congreso de la república y se unió a las voces que solicitan archivar el proyecto.
“No podemos permitir que lo que se logró con tanto esfuerzo, que es la Ley Estatutaria en Salud, hace algunos años, uno de los mayores triunfos de la sociedad civil y de la comunidad médica, se intente botar a la basura. Siendo la salud uno de los principales derechos que tienen los ciudadanos colombianos, consagrado en la Carta Magna, se abusa de los usuarios, no nos queremos imaginar, convirtiendo la salud en un seguro comercial con la transformación de entidades promotoras de salud (EPS) hacia aseguradoras”, vaticinó Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de ACESI.
El cambio a aseguradoras, las equipara al modelo de aseguramiento comercial de un bien, como una vivienda o un vehículo: en caso de que no ocurra un “siniestro”, la compañía se queda con el valor pagado por el cliente. En consecuencia, esos dineros ingresan a la bolsa general de la empresa y en ese orden de ideas, mientras más negaciones de servicios, más recursos quedarían para el balance de las nuevas aseguradoras, explicó la médica.
“Hoy en día, está claro que los recursos de la UPC, son recursos públicos de destinación específica para salud. La negación de servicios sería la gran constante. Es decir, pasaría esa plata a engordar las cuentas de los accionistas de las EPS, en los casos en los que no se utilice en la atención médica de los pacientes”.
Por otro lado, el proyecto de ley, plantea la modificación de las empresas sociales del estado, sin claridad alguna en el articulado, dejando todo para reglamentación; situación que no sería viable en el entendido que una Ley se modifica con otra Ley, no con decretos y Resoluciones. Así mismo, se quita la calidad de empleados públicos a los funcionarios de los hospitales. En términos generales y en medio de pandemia, no se observan cambios que permitan dar solución a todas las dificultades y falencias que afloraron con la pandemia; no se logra fortalecer la salud pública y en contravía se continúa manejando a las Empresas Sociales del Estado en una lógica de mercado y dependiente de la venta de servicios; situación que no permitirá mejorar las grandes dificultades en la contratación del talento humano, que continuaría dependiendo del recaudo del hospital y no de las necesidades de la población.
“Vale la pena destacar que más del 50% del articulado del proyecto de ley, queda pendiente para ser reglamentado por el Ministerio de Salud. No se entiende cómo es posible que existiendo la necesidad de generar una transformación estructural en el sistema de salud que logre solucionar todas las brechas e inequidades que fueron desnudadas con la pandemia, en la iniciativa no se logre abordar temas como la financiación del talento humano en salud, sostenibilidad de la red pública hospitalaria, flujo de recursos en el sector entre otras dificultades; por tanto, se está perdiendo una oportunidad de oro para los Colombianos”, puntualizó Olga Lucía Zuluaga R.
Nota: Se anexa el análisis completo, con todos los detalles, radicado a la Comisión Séptima del Senado de la República.
