- Situación se genera tras liquidación de esas empresas y traslado de los usuarios
- Situación está fomentando la integración vertical y graves problemas financieros a las ESE, por falta de contratación de sus servicios de salud
El Consejo de Estado admitió la demanda que busca derogar un artículo incluido en el decreto 780 firmado en 2016 por el gobierno nacional, que expidió el denominado “Reglamento Único del Sector Salud y Protección Social”, que le da libertad a las EPS del régimen contributivo a contratar los servicios o no con los hospitales públicos, una vez otras empresas del subsidiado fueran liquidadas y sus usuarios trasladados.
La situación ha tomado un curso de enorme gravedad, no solamente para los usuarios, sino para las empresas sociales del estado.
“Ante la no contratación del hospital público, las personas del régimen subsidiado se han encontrado con nuevas barreras en el acceso a su atención médica, porque pasan a otras EPS del contributivo, por lo tanto, estas empresas se respaldan en el decreto, para hacer gala de la integración vertical y contratar solamente con sus propias clínicas o con entidades privadas aliadas, a pesar de tener la capacidad instalada totalmente copada”, explicó la directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez.
En concreto, la afectación de los usuarios es porque, si viven en zonas rurales, son obligados a traslados innecesarios a ciudades capitales. No es un secreto tampoco que en los municipios pequeños muchas EPS no les entregan los medicamentos por falta de capacidad instalada y si las personas viven en ciudades grandes, el problema es por saturación de la atención (se evidencian esperas de 8 y 12 horas en las secciones de urgencias).
“Esa facultad de no obligar a contratar con IPS públicas, está causando también gravísimos problemas a las finanzas de los prestadores estatales, porque el modelo actual de la salud en Colombia obliga a sus gerentes a buscar mercado (vender servicios), con el fin de garantizar la subsistencia de los hospitales a su cargo. La falta de demanda está generando la subutilización de esas instalaciones. Y si se les contrata, son aquellos servicios que no son rentables”, sostuvo la médica Zuluaga.
La demanda ante el Consejo de Estado fue interpuesta en 2022 por ACESI.
