- Junta Directiva de ACESI lanza voz de alerta, ante medida gubernamental que no protege la estabilidad financiera del sector de manera integral
- Integración vertical continúa siendo el gran peligro del sector salud
Un nuevo episodio tiene de pelo parado a los directivos de más de 1.000 hospitales públicos de Colombia que ven cómo algunas medidas del gobierno nacional, les comienzan a generar daños colaterales en sus finanzas.
A la enorme cartera que aqueja el sector, que son deudas multimillonarias, muchas de ellas impagables, que deben ser asumidas por los hospitales públicos del país, ahora se le agregan las consecuencias del traslado de cientos de miles de pacientes de muchas EPS que entraron a la lista negra de la Superintendencia Nacional de Salud y que lo más seguro es que sean liquidadas y borradas del mapa del sector.
Ante el resultado lógico de la liquidación, esos colombianos deben ser trasladados a otras EPS, muchas de ellas del régimen contributivo que desde ya, algunas de ellas, han manifestado que no contratarán los servicios con las empresas sociales del estado en sus regiones, acudiendo, según ellos, a la libertad que ofrece la ley para mantener su red de servicios, de manera casi exclusiva.
Al respecto directivos de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, manifestaron que esa “laxitud” de los decretos del gobierno, lo que hacen es incentivar, fortalecer y promover la integración vertical, que no es otra cosa que permitirle a las EPS que contraten sus propios hospitales privados, bajo el argumento de que sus “clientes” no gustan de las ESE.
“Nos preguntamos… ¿Cómo van a hacer en zonas como Urabá, Córdoba, Santander y otros territorios que concentran miles de personas que están dispersas geográficamente, y que solo la red pública es la única con la capacidad de atenderlos de manera oportuna y digna. En muchos casos las EPS cuentan solamente con servicios ambulatorios, situación que pone en peligro la vida de los usuarios, en caso de una emergencia”, dijo la vicepresidenta de ACESI, Nancy Cañón Mesa.
La vocera se mostró preocupada porque que esas EPS del régimen contributivo, que van a manejar usuarios del régimen subsidiado, una vez trasladados, son financiados totalmente por el estado, “es decir con dineros públicos, pero a su vez esas empresas promotoras de salud, no están contratando con el estado a través de la red pública, lo que genera inquietud”, anotó.
Al respecto, Luis Alberto Martínez, miembro de la junta directiva nacional del gremio hospitalario público, indicó que si el gobierno le entrega esa “patente de corso” a las EPS del contributivo, la desfinanciación y desaparición de muchos hospitales está más que sentenciada. Criticó que el ejecutivo tampoco accede a asumir la financiación de la red pública, bajo la disculpa de la competencia abierta entre las IPS públicas y privadas. “Pero no tiene en cuenta que el modelo y la estructura de costos para el sector público es mucho más complejo que en el sector privado, que tiene todas las libertades”, anotó.
Los miembros del gremio le pidieron al Ministro de Salud Juan Pablo Uribe Restrepo que reconsidere algunos apartes del decreto 1424 de 2019, que norma los traslados, porque es lesivo para los hospitales públicos colombianos.
