+ Radicaron denuncia ante la Corte Constitucional
Un total de doce agremiaciones vinculadas con el sector salud radicaron en las últimas horas, ante la Corte Constitucional, una amplia denuncia que detalla violaciones sistemáticas de varias normas y jurisprudencias por parte las empresas promotoras de salud con la anuencia del gobierno nacional, el que a través de resoluciones, decretos y otras disposiciones emanadas por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, propicia dichas infracciones.
Las quejas van desde transgresiones a la Ley 100 de 1993 relacionadas con los sistemas de acreditaciones de las EPS; la Ley 1751 de 2015 mediante la adopción de políticas que ponen en peligro la financiación sostenible de los servicios de salud y la garantía del flujo de recursos para atender las necesidades de salud de la población, y la implementación de medidas que van en contravía del sistema único de información, entre otras.
En el documento, también se hace referencia a varias desobediencias a sentencias de las altas cortes, jurisprudencias dictadas en defensa del derecho efectivo a la salud, consagrado en la Constitución.
Luis Alberto Martínez Saldarriaga, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos y Empresas Sociales del Estado, ACESI, reiteró que en la denuncia se hace referencia a directrices respaldadas por el gobierno nacional que plantean que las EPS implanten un modelo de atención para mitigación del riesgo en salud, con base en un Plan de Gestión del Riesgo, cuyos resultados reflejan un comportamiento con tendencia a la generación y restablecimiento del equilibrio financiero de esas empresas privadas.
“Es decir, que no solo se limita la integralidad de la atención a la simple mitigación del riesgo, sino que se da licencia para que, con recursos de destinación específica para la salud, provenientes de la UPC, se recuperen financieramente las EPS, los incorporen a su patrimonio, en detrimento del bienestar de la población al pasar la salud de ser un derecho fundamental a un negocio donde se lucran unos pocos, socavando los principios del estado social de derecho donde debe primar el derecho fundamental a la salud de las personas, especialmente los niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores, discapacitados y toda la población vulnerable”, explicó.
Martínez Saldarriaga sostuvo que son evidentes los aplazamientos, casi hasta el infinito, que otorga el ejecutivo al cumplimiento de los estándares financieros y de solvencia de las EPS, lo que impide la garantía del acceso a los servicios, toda vez que no hay certidumbre sobre la garantía de la gestión del riesgo financiero entregado a estas instituciones.
La denuncia fue firmada por directivos de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Asociación Colombiana Medico Estudiantil, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -ACESI-, Asociación Nacional de Internos y Residentes -ANIR-, Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, Colegio Médico Colombiano, Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social – CSR –, Confederación General del Trabajo -CGT-, Confederación de Trabajadores de Colombia -CTC-, Federación Médica Colombiana, Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud Colombiano y la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud.
ALERTA CIUDADA (DOCUMENTO RADICADO)
