- La historia hay contarla completa…
- El entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe les dio una “Patente de Corso” y, aun así, no cumplieron los indicadores financieros mínimos, se quedaron con los recursos y de paso, no pagaron sus deudas a los prestadores.
Después del informe de la Contraloría General de la República, revelado por diversos medios de comunicación, en donde apenas cinco EPS (Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud) podrían operar en el país, el resto no estarían cumpliendo con indicadores mínimos de margen de solvencia; tampoco con la provisión ni con el régimen de inversión de las reservas técnicas. Y para completar, todas las 26 empresas promotoras de salud acumulan una deuda de $25 billones a IPS públicas y privadas, al igual que a proveedores, el sistema se puso de cabeza.
¿Y cómo las cosas llegaron hasta allí?
La directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana Empresas Sociales del Estado y de Hospitales Públicos, ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, enfatizó que el país no puede olvidar la génesis de esta gran tragedia financiera: “hay que recordar que el ministro de Salud de entonces Alejandro Gaviria Uribe, quien hoy funge como uno de los grandes enemigos de la Reforma a la Salud que cursa en el Congreso de la República, fue quien a través de los Decretos 2702 de 2014 y 2117 de 2016, denominados -Unificación de Solvencia Financiera de las EPS-, flexibilizó las condiciones a las entidades promotoras de salud del Régimen Subsidiado y Contributivo. Impuso y después amplió el plazo para su recuperación de siete a diez años, con el fin de generar mayores plazos para que cumplieran con sus obligaciones financieras, pero eso jamás ocurrió”, explicó.
Por muchas razones, esas EPS no capitalizaron y sus números viajaron durante la década pasada, en una montaña rusa de rojos a negros y nuevamente a rojos. Los recursos de capitalización, nunca llegaron y más bien los dineros girados por el estado en varias entidades fueron a parar a la integración vertical de sus mismos grupos empresariales o incluso, para el exterior, como ya se ha establecido en algunos casos de EPS liquidadas, en liquidación e intervenidas.
La vocera gremial indicó, que si al gobierno actual le resta por pagarle a esas empresas $3 billones para quedar al día, vale la pena reflexionar ¿Qué pasará con el resto del dinero y por qué gobiernos pasados dejaron crecer de tal manera las deudas y condiciones financieras de estas instituciones?
“Por otro lado, es de resaltar que todos los programas de reorganización financiera no han servido, por lo que con seguridad todas o casi todas serían liquidadas. Como consecuencia: los recursos que se adeudan esas EPS a todos los prestadores de servicios de salud, como ha ocurrido en casos anteriores, no responden por los servicios que fueron prestados a la población a su cargo, situación que hace perentorio el reconocimiento de esta deuda por el gobierno nacional y su pago, situación que sólo podrá ser posible con la aprobación de la reforma a la salud”, puntualizó.
10 AÑOS DE PATENTE DE CORSO Y NADA
