- Ahora, mucha más zozobra…
“Desde que se generó el traslado de usuarios de Saludcoop a Cafesalud y posteriormente la venta a Medimás, nos opusimos a las decisiones del gobierno nacional y hablamos de las consecuencias nefastas que estas decisiones podrían traer para los usuarios y los prestadores, lamentablemente, no fuimos oídos, pero la reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena el traslado de 3,9 millones de usuarios de Medimás a las diferentes EPS del país, demuestra que teníamos la razón, y que estos fallos judiciales eran lo previsto, en contra de esa empresa, que ha tenido varias metamorfosis, todas fallidas”, aseguraron los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI.
La directora Ejecutiva del gremio Olga Lucía Zuluaga Rodríguez consideró como acertada la decisión del tribunal, que había sido apoyada por todos los organismos de control, sin embargo, aclaró que les preocupa ahora el periodo de transición, toda vez que puede ocurrir lo mismo que pasó cuando se registró la transición de Saludcoop a Cafesalud y de esta a la misma Medimás, que hoy, al parecer, todo indica, va a tener un entierro de “quinta”.
“A pesar de que los directivos de la EPS aseguran que van a interponer todos los recursos jurídicos disponibles en la Ley y que van a garantizar el servicio a su población asegurada, no es tan fácil, pensar que no ha ocurrido nada y que todo seguirá igual. Si hasta la fecha, recibiendo recursos del Estado, no estaban pagando sus deudas, no tenían red y venían en una negación sistemática de servicios a los usuarios; la situación seguramente, empezará a empeorar. Al mismo tiempo, la noticia ha generado pánico entre los prestadores, porque los recursos que hoy se adeudan de la extinta Saludcoop, de la posterior Cafesalud y ahora de Medimás, van a quedar en el aire (si no se toman medidas urgentes),”, explicó Olga Lucía Zuluaga Rodríguez.
De parte de los hospitales públicos de Colombia se hace un llamado al Presidente de la República en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, quienes deben activar un plan de choque para evitar que los usuarios pierdan la continuidad de sus tratamientos por incapacidad en la prestación de servicios producto de la ausencia de flujo de recursos; así mismo se deben proteger las instituciones públicas que vienen garantizando la prestación de los servicios a pesar de no recibir el giro de los recursos correspondiente a los servicios prestados. Es necesario garantizar el pago de las deudas que tiene esa EPS con las IPS, que para el caso de las públicas, adeuda a la fecha en el régimen contributivo $234 mil millones y en el subsidiado $140 mil millones.
