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+  No hay defensa de la red pública colombiana

+ Mientras que la Política de Atención Integral en Salud promueve un trabajo armónico en la prestación del servicio, se contradice con disposiciones que atomizan el sector

Una ventana para que las Empresas Promotoras de Salud del régimen subsidiado justifiquen la contratación de una serie de servicios con prestadores privados, les abrió el gobierno con la expedición de la Resolución 2867 de julio de 2016 firmada por el Ministro de Salud Alejandro Gaviria.

A través de esa disposición, lo que antes obligaba a las EPS a contratar los servicios de promoción y prevención con las Empresas Sociales del Estado de la respectiva jurisdicción, que se encontraran debidamente habilitadas;  Y que solamente en casos extremos, cuando por cobertura, los hospitales públicos no pudieran prestar dichos servicios, los mismos podrían ser operados por otro tipo de prestadores, ahora es cosa del pasado.

Mediante la nueva directiva del Minsalud, se amplían los criterios para que justifiquen aspectos como el incumplimiento, la no oferta y otras razones más, todas con el fin de recibir la correspondiente autorización para contratar con quien consideren necesario.

“Pero la resolución no se remite simplemente a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, sino a la atención de los servicios dirigidos a la población pobre no asegurada que se ampara en recursos en lo no cubierto por subsidios a la demanda. Este tipo de normas, lo único que generan es mayor atomización en la prestación del servicio y van en contravía de la Política de Atención Integral en Salud, PAIS, que como su nombre lo dice, tiene como principal característica promover la integralidad en la atención. El Ministerio de Salud y Protección Social, tiene una deuda con la red pública hospitalaria en lo referente al fortalecimiento de la baja complejidad definida desde la expedición de la Ley 1122 de 2007, no obstante, con éste tipo de reglamentación en vez de fortalecerse lo que se hace es debilitar a los hospitales públicos y con ello a la atención de la población a su cargo”, sostuvo Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI.

Un retroceso en la salud pública

En casi 800 municipios del país, que son las localidades más pequeñas, las empresas sociales del estado son las únicas prestadoras de servicios de salud. Lo que hace la resolución, en opinión de los directivos de ACESI, en vez de fortalecer  a los pequeños hospitales públicos, lo que hace es abrir una puerta hacia la privatización de servicios.  Hasta la fecha no se ha logrado que los costos de operación en la mayoría de estos sitios alejados sea cubierto por subsidios de oferta por parte del gobierno nacional ni que las EPS paguen los costos que genera trasladar al equipo de salud a zonas apartadas para garantizar la accesibilidad y  cobertura que requieren esas poblaciones más vulnerables, a estos sitios van los prestadores públicos a pesar que no se les pague.

“Consideramos que se está repitiendo el gran error que se cometió en el pasado cuando una parte de las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad fueron trasladadas para  que las  ejecutaran  los municipios, lo cual generó un retroceso importante en los indicadores de salud pública del país”, explicó Olga Lucía Zuluaga.

La directora de ACESI enfatizó en que ratificamos la necesidad como gremio que se establezca una política hospitalaria que fortalezca la capacidad resolutiva de los hospitales de baja complejidad que serán parte de las redes de prestadores primarios para que respondan a los grandes retos que exige la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud y así lograr garantizar la capacidad resolutiva que requiere el sistema y la accesibilidad de los usuarios a los sistemas de salud en las áreas más alejadas.

Traje a la medida para que EPS contraten con privados